Ecologistas y vecinos alegan contra la declaración de interés comunitario de una planta de residuos de la construcción y demolición junto al barranco de las Ovejas

Vista aérea de las instalaciones actuales de la planta, apreciándose en la parte inferior de la imagen el cauce del barranco de las Ovejas.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y la Asociación de Vecinos (AVV) Gran Vía Sur Puerto, así como varios vecinos de la ciudad de Alicante a título individual, han presentado diez alegaciones ante la conselleria de Política Territorial para que no se otorgue declaración de interés comunitario (DIC) a una planta de residuos de la construcción y demolición junto al barranco de las Ovejas, en término de Alicante, por su inadecuación al modelo territorial de la Generalitat y por su negativo impacto territorial, ambiental y paisajístico.

En primer lugar, ecologistas y vecinos alertan de que los terrenos afectados por la DIC, casi 45.000 metros cuadrados no urbanizables en el entorno del parque científico de la Universidad de Alicante (UA), forman parte de un corredor territorial fluvial asociado al barranco de las Ovejas, corredor que pese a incluirse en la infraestructura verde regional es obviado en el proyecto presentado. Además, destacan que todos los terrenos quedan afectados por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), a los que reconoce su condición de suelo forestal. También denuncian que el proyecto ignora la presencia de especies de interés en el inmediato cauce del barranco de las Ovejas, destacando reptiles como el galápago leproso o aves como la garceta común y la cigüeñuela, mencionándose la ficha del catálogo de protecciones de Alicante, aprobado provisionalmente el pasado 9 de septiembre, dedicada al barranco de las Ovejas en su sección de patrimonio natural (ficha N129).

Captura obtenida del visor del Institut Cartogràfic Valencià (ICV) en la que el ámbito de la DIC aparece delimitado por una línea de color rojo y en la que figura en color azul claro el ámbito del corredor territorial fluvial vinculado al barranco de las Ovejas, corredor que forma parte de la infraestructura verde regional (IVR) de la Comunidad Valenciana, que afecta en su totalidad a los terrenos de la DIC.

 

En segundo lugar, remarcan que la mayor parte de los terrenos, en torno a 32.000 metros cuadrados, están sometidos a peligrosidad 3 de inundación según el Plan de Acción Territorial contra el Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), contrariamente a lo afirmado en el proyecto, en el que se dice que no existe afección del PATRICOVA. Y añaden que existen importantes acúmulos de tierras y escombros junto al cauce de barranco que pueden ser arrastrados aguas abajo en caso de lluvias torrenciales con los consiguientes perjuicios sobre la capacidad de desagüe del barranco, especialmente en su desembocadura.

En tercer lugar, denuncian que la actividad lleva desarrollándose durante años sin DIC alguna y, presumiblemente, sin instrumento de intervención ambiental, por lo que insisten en que la DIC se deniegue, planteando que se inicien los procedimientos sancionadores que correspondan y que se obligue a la empresa, Reciclados y Áridos del Sureste SL, a la restauración inmediata de los terrenos para su efectiva integración en el corredor territorial fluvial del que forman parte.

En otras alegaciones se denuncia la falta de rigor en distintos apartados del proyecto, que no se considere la contaminación atmosférica que puede producir la manipulación al aire libre de tierras y escombros que pueden contener materiales pulverulentos, así como que el proyecto no tenga en cuenta la cartografía sobre permeabilidad del suelo, que no analice alternativas de emplazamiento y que obvie que existen viviendas a escasos 1.500 metros en la zona de La Serreta y que el parque científico de la UA se sitúa a poco más de 400 metros. Por ello plantean alternativas viables de emplazamiento en polígonos industriales cercanos como Pla de la Vallonga o Llano del Espartal, a poco más de 2.000 metros de los terrenos afectados por la DIC.

Por último, los alegantes señalan que existen edificaciones y cultivos en las parcelas del entorno, denuncian que no se ha incorporado al estudio de integración paisajística el resultado del preceptivo proceso de participación pública y rechazan las propuestas de la empresa tanto para el plazo de la DIC, el máximo previsto por la ley, 30 años, como para su canon, que se pretende reducir en un 50% en base a una supuestamente significativa creación de empleo cuando solo se crean como máximo 9 puestos de trabajo, reiterando que la DIC debe denegarse.

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