El pasado día 27 de abril un miembro de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) detectó la presencia de un helicóptero fumigando sobre el saladar de Aguamarga, en las cercanías de una zona densamente poblada y afectando además a la la fauna que se encontraba en este espacio natural.
En algunos puntos del saladar se habían colocado unos carteles, de la Mancomunidad del Alacantí, en los que se informaba de la realización de la fumigación, que en ella se utilizaban productos fitosanitarios biológicos para el control de los mosquitos y avisaba de la prohibición de acceso a la zona afectada. Aunque no se informaba como es preceptivo, del producto utilizado, de la fecha de aplicación y del periodo de seguridad del mismo.
AHSA considera desproporcionada y peligrosa la utilización de la fumigación aérea para el control de los mosquitos y completamente inapropiado que se aplique en el Saladar de Aguamarga, una zona con gran presencia humana en su entorno, además de tratarse de un espacio natural protegido. Por otra parte, recuerda que esta práctica esta prohibida de forma general, tanto por una directiva europea desde 2009, como por la legislación española desde 2012, por considerar que “la pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medioambiente” y que establece que se otorgarán autorizaciones en base a situaciones de emergencia.
El grupo ecologista presentará un escrito ante la Dirección General de Salud Pública para solicitar información sobre la situación de emergencia en que se encuentra esta zona, la autorización emitida, así como una copia del preceptivo Plan de Aplicación para conocer la duración y el tratamiento aplicado.
Por otra parte, AHSA alerta del abuso generalizado en la utilización de productos químicos potencialmente peligrosos, incluidas las administraciones públicas que no dudan en fumigar con insecticidas y herbicidas, vías públicas, parques y jardines, cunetas y arcenes e incluso espacios naturales protegidos. En clara contradicción con lo establecido en la legislación española al respecto, en la que señala que los organismos competentes deberán facilitar información de los riesgos de la utilización de estos productos sobre la salud humana y el medio ambiente, así como sobre la utilización de alternativas no químicas.