La cantera del Cabezo Negro ha estado desde hace años en el punto de mira del colectivo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, se trata de una explotación para la extracción de ofita, un mineral utilizado para las obras públicas. Está situada en el municipio de Albatera, en pleno corazón de la sierra de Crevillente, línea montañosa que marca el límite occidental de las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó y que constituye un espacio de alto valor ecológico donde confluyen dos figuras de protección ambiental de la legislación europea, LIC (Lugar de Interés Comunitario) que protege los hábitats y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) relativa a la protección de especies ornitológicas.
AHSA sostiene que la actividad minera ha tenido un destacado impacto ambiental más allá de la propia existencia de la cantera situada en la cima del Cabezo Negro, causada principalmente por el vertido de inertes procedentes de los desechos mineros sobre la vegetación natural de las laderas o la ampliación sin autorización de un camino de acceso que provocó también la destrucción de hábitats protegidos, hechos denunciados en agosto de 2006 ante el SEPRONA y que coincidió con la desaparición de la pequeña población de camachuelo trompetero en este espacio protegido, una especie ornitológica catalogada en Peligro de Extinción en la Comunitat Valenciana.
Amigos de los Humedales informa que en 2014 presentó alegaciones en contra de la legalización de esta actividad en el marco de un plan especial de aprovechamiento minero. En ellas AHSA, entre otras cuestiones, se oponía a la autorización para la utilización de explosivos, además de denunciar las infracciones cometidas en la explotación. Unas alegaciones que nunca fueron contestadas, mientras que la cantera continuó con su actividad hasta el agotamiento del mineral hace varios años, momento en que cesó la explotación encontrándose en la actualidad completamente abandonadas las construcciones e instalaciones asociadas a la explotación y sin haberse realizado ningún tipo de restauración ambiental y ni siquiera se hayan desmantelado éstas, según afirma AHSA.
Los ecologistas consideran que se ha vulnerado la legislación autonómica que regula las explotaciones mineras en espacios forestales de la Comunitat Valenciana en lo que respecta a la obligación de titular del aprovechamiento a desarrollar y ejecutar con sus medios la restauración con arreglo al Plan de Restauración Integral y demás condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental. Por ello se han dirigido a la Consellería de Industria pidiendo copia de la autorización ambiental de esta explotación y del preceptivo plan de restauración integral aprobados, incluida la cuantía de la fianza establecida para garantizar los trabajos de restauración. AHSA también pide información sobre los plazos de ejecución del plan de restauración aprobado.
Desde AHSA denuncian una clara dejación de funciones de la administración autonómica en cuanto a la vigilancia ambiental de una actividad extractiva de gran impacto en un valioso y frágil espacio protegido y avisan que reclamará la ejecución del plan de restauración integral aprobado.