Con la presentación de un recurso de alzada contra la orden de vedas aprobada el pasado mes de abril por la Generalitat Valenciana, las organizaciones Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Talaiola – Ecologistes en Acció de Santa Pola, Margalló – Ecologistes en Acció d’Elx, Grupo Ecologista Maigmó – Ecologistes en Acció de Sant Vicent del Raspeig y El Campanà – Ecologistes en Acció de Crevillent han mostrado su rechazo a un modelo cinegético que considera todo el territorio valenciano como un inmenso cazadero del que solo se libran los suelos urbanos y algunos sectores de los espacios naturales protegidos. En su recurso, los ecologistas ponen el foco en las denominadas zonas comunes de caza, espacios cinegéticos que carecen de cualquier tipo de control de número de cazadores, señalización, planes de gestión y de acciones en beneficio de la fauna silvestre o responsables de los mismos, al contrario que el resto de espacios cinegéticos contemplados en la Ley de Caza 13/2004.
Las organizaciones sostienen que la autorización de la caza en las zonas comunes, en las que no existe ningún tipo de señalización informativa de que se trata de espacios cinegéticos, supone un peligro para los usuarios del medio natural no relacionados con la actividad cinegética y advierten de que la legislación valenciana que la regula, data de hace más de 20 años y que en ese periodo la sensibilización social hacia la protección del medio ambiente ha avanzado de forma decisiva, así como la popularización de todo tipo de actividades en la naturaleza como el senderismo, la bicicleta, el montañismo o la escalada, actividades cuya realización con seguridad para los usuarios es incompatible con la autorización de la caza en entornos naturales que se encuentran sin señalización y sin ningún tipo de información de que se trata de un espacio cinegético. Los ecologistas recuerdan que en los últimos años han ocurrido varios incidentes con cazadores en la ciudad de Alicante, llegando a saldarse uno de ellos con un herido por un disparo con postas en el barranco de Orgegia. Además, los colectivos ecologistas advierten del alto impacto para el medio natural de esta medida, porque no se contemplan las denominadas zonas de reserva, parte de la superficie del acotado que debe quedar fuera de la actividad cinegética, para (..) “dotar a las piezas de caza de mayores posibilidades de huida o defensa ante la acción de la caza y de posibilitar la estancia de las poblaciones naturales existentes en la misma”, tal y como contempla la Ley de Caza para el resto de espacios cinegéticos.
En su recurso, las organizaciones también han alegado que la autorización generalizada de caza en todas las zonas comunes vulnera la propia Ley de Caza que establece que la titularidad de los derechos de caza sobre un terreno, corresponde a sus propietarios, dado que autoriza a ejercer el derecho de caza sin contar con la autorización de los propietarios de esos terrenos sin que exista ningún contrato de arrendamiento o cesión de derecho de caza regulados por la legislación civil. En este sentido, los ecologistas denuncian que la actual legislación obliga a los propietarios de cualquier terreno rústico, incluidas administraciones públicas como ayuntamientos, a tener que incluir sus propiedades en cotos de caza ante la disyuntiva de que sean declaradas zonas comunes y en vez de un número controlado de cazadores pueda cazar cualquier persona que tenga licencia, esto es, un número indeterminado de ellos, situación que es calificada por los grupos ecologistas como de una verdadera extorsión.
Por último las organizaciones también han alegado en contra de que se vuelva a autorizar la caza de la tórtola común, especie sobre la que se estableció una moratoria de su caza en 2021 y que según los estudios científicos realizados ha permitido una ligera recuperación de la población aunque consideran que su reapertura podría revertir estos avances y poner en peligro nuevamente a la especie. Además, solicitan que se declare una moratoria de la caza de la codorniz común, especie catalogada como En Peligro en el Libro Rojo de las Aves de España a causa de la tendencia poblacional muy negativa en algunas regiones peninsulares, como la mediterránea sur, donde el declive supera el 65 %.