Se cumple hoy medio siglo de la aprobación en la ciudad iraní de Ramsar de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas, convención suscrita por España hace ya 39 años. Unos ecosistemas de gran fragilidad que albergan una importante parte de la biodiversidad del planeta y que juegan a favor de la humanidad en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, como sumideros de carbono y como piezas territoriales reguladoras del riesgo de inundación.
Por todas esas importantes funciones los humedales, sus entornos de protección y espacios de gran valor paisajístico y agrícola asociados a las zonas húmedas, como el gran espacio inundable de la huerta tradicional de la Vega Baja del Segura y su red de acequias y azarbes, han de incorporarse a la infraestructura verde y considerarse como suelo no urbanizable de especial protección. Pero, ¿qué es eso de la infraestructura verde? Se trata de un concepto urbanístico introducido en las vigentes Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana – ETCV – y Ley valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje – LOTUP – que agrupa a distintos elementos del territorio con valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico, a los espacios sometidos a riesgos y a los corredores territoriales que los enlazan entre sí.
Su importancia es clave en la planificación urbanística municipal y supramunicipal, porque es lo primero que hay que definir y caracterizar antes de ordenar usos y actividades. Todo lo contrario a las malas prácticas urbanísticas que eran norma general antes de la ETCV y la LOTUP: lo primero era definir las zonas que se querían ocupar urbanísticamente y lo que sobrara pues ya se vería si se protegía o no, o si se dejaba como suelo de reserva para futuras ocupaciones. Eso afortunadamente se acabó: ahora lo primero es la protección del territorio (ambiental, cultural, paisajística) y luego veremos dónde y cómo pueden desarrollarse usos y actividades. Una clara apuesta por la sostenibilidad que hay que concretar en los planes urbanísticos.
Pero desgraciadamente algunos ayuntamientos continúan instalados en el pasado y se aprueban provisionalmente planes generales estructurales como el de Almoradí, en noviembre del año pasado, que pretende que se urbanicen más de 3 millones de metros cuadrados de huerta tradicional inundable que se han excluido de la infraestructura verde, obviándose las graves consecuencias de la DANA de septiembre de 2019, que aconsejarían limitar al máximo los nuevos crecimientos en zonas inundables. Es más, no se protege ni un solo metro cuadrado de la huerta tradicional: o se urbaniza o se considera como suelo no urbanizable común, sin protección, e incluso en este último caso una importante parte de esos suelos se excluyen de la infraestructura verde.
En definitiva, un despropósito contra el que hemos alegado, de momento sin éxito, y que esperamos que sea corregido por la Generalitat Valenciana, que afortunadamente es la administración que aprueba definitivamente los planes generales estructurales. También esperamos de la Generalitat que, dado que está elaborándose el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja, cuyas determinaciones serán de obligado cumplimiento para los ayuntamientos de la comarca en sus planes generales estructurales, que primero apruebe el PAT y que luego tramite la aprobación definitiva de los planes generales estructurales que se están tramitando, como el de Almoradí.
Saltando a la segunda comarca en la que AHSA desarrolla su actividad, el Baix Vinalopó, el Ayuntamiento de Elche ha sometido a consulta pública previa su plan general estructural. El análisis previo de los técnicos municipales muestra la insostenibilidad del plan general vigente de 1998: hay que desclasificar al menos 6 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable residencial para ajustar el plan de 1998 a la ETCV y a la LOTUP. Lo que se planificó en 1998 excede ampliamente los límites que el actual marco legal urbanístico impone. Llegamos ya tarde en el caso del sector MR-9, una urbanización turística de La Marina encajada dentro del entorno de protección del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, junto a las Salinas del Pinet, que inicialmente conseguimos tumbar en los tribunales, o en el caso del sector AR-1 de Arenales del Sol, otra urbanización turística que ha deteriorado el entorno de la zona húmeda y paraje natural municipal del Clot de Galvany.
Ni el MR-9 ni el AR-1 se podrán desclasificar al haberse ya urbanizado, pero sí suelos urbanizables previstos en 1998, aún sin desarrollar, junto a zonas forestales y al humedal del Fondet de la Senieta en l’Altet, como el sector AL-7, o suelos similares en La Marina como el sector MR-10, situado junto al LIC de las Dunas de Guardamar, que los propios técnicos municipales proponen desclasificar para dar cumplimiento al PATIVEL, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana. Desde AHSA hemos hecho varias aportaciones al plan general estructural de Elche en esa fase de consulta pública previa para que se desclasifiquen varios suelos urbanizables no desarrollados y para incorporar los terrenos de Elche vinculados a los humedales y a sus entornos de protección a la infraestructura verde municipal, además de volver a insistir en que la zona de reserva de la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche no ocupe ni la zona húmeda del Saladar de Agua Amarga ni su entorno de protección, una espada de Damocles que pende sobre el Saladar desde hace ya demasiados años.
Por último, saltamos a la tercera comarca de nuestro ámbito de actuación, l’Alacantí. La ciudad de Alicante ha dado un paso importante para definir la infraestructura verde municipal aprobando por fin el pasado mes de septiembre provisionalmente su catálogo de protecciones, cuya tramitación se inició al principio de la pasada legislatura. La sección de patrimonio natural del catálogo dedica fichas al Saladar de Agua Amarga, a las Lagunas de Rabassa, al Saladar de Fontcalent, a las Lagunas de Fontcalent y de Lo Xeperut, a la Balsa de Orgegia, a los ríos Montegre y de la Torre, a los barrancos de Agua Amarga y de las Ovejas incluyendo sus desembocaduras,…..
El Ayuntamiento de Alicante puede y debe basarse en el catálogo para definir la infraestructura verde municipal de su plan general estructural. Desde AHSA estaremos atentos a la tramitación del plan general estructural de Alicante, cuyas determinaciones, al igual que las del plan general estructural de Elche, también se verán condicionadas por otro Plan de Acción Territorial que se está elaborando por parte de la Generalitat, el PATAE, el Plan de Acción Territorial del área funcional de Alicante y Eche.
En definitiva, el urbanismo y la protección de los humedales y de los espacios agrícolas tradicionales tienen una gran oportunidad de conjugarse mediante la infraestructura verde. AHSA, tras 25 años desde su creación, seguirá trabajando en esa dirección, por un urbanismo sostenible y respetuoso con nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico.
Artículo publicado por Miguel Ángel Pavón García en el diario Información.