Los ecologistas tildan el plan de insostenible, ven irresponsable no esperar a la versión inicial del PAT de la Vega Baja, denuncian el impacto de un macrovial en plena área de zona verde del PORN del Parque Natural, proponen un corredor ecológico y critican el arranque de arbolado y que se ignore el déficit del servicio de limpieza y residuos
Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha recurrido en reposición el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Torrevieja del pasado 26 de agosto por el que se aprobó definitivamente la modificación del plan parcial de La Hoya, “un insostenible plan urbanístico que en pleno siglo XXI pretende continuar masificando el municipio y el entorno del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja con 7.500 nuevas viviendas – 18.000 nuevos residentes – sobre 180 hectáreas de la supuesta zona de amortiguación de impactos del Parque Natural”. AHSA ya recurrió en reposición ante el Consell en 2009 la aprobación del plan parcial que ahora se modifica, recurso que fue inadmitido en 2010 por el entonces conseller Juan Cotino.
Los ecologistas presentaron el pasado 12 de agosto cinco alegaciones a la modificación del plan, siendo resueltas en tiempo récord por el Ayuntamiento: el plazo para alegar acabó el 12 de agosto, el dictamen de la comisión de urbanismo se emitió el 20 de agosto y el pleno aprobó la modificación el 26 de agosto. “Parece que se tuviera mucha prisa, quizá por si el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Vega Baja se aprobaba inicialmente introduciendo modificaciones a la ordenación del plan”, señalan desde AHSA. De hecho, una de las alegaciones, desestimada al igual que otras tres, cuestiona la sostenibilidad del plan y pide que se revise en el marco del PAT de la Vega Baja, del necesario y nunca iniciado Plan General Estructural de Torrevieja y de los indicadores o umbrales de sostenibilidad que definen la estrategia territorial y la legislación urbanística valenciana. Los ecologistas consideran que, si se hubieran aplicado esos umbrales, tanto a nivel local como comarcal, La Hoya debería desclasificarse. AHSA denuncia en su recurso que no se les conteste nada sobre la aplicación de dichos umbrales y tilda de irresponsable aprobar la modificación en pleno mes de agosto y sin esperar a conocer la versión inicial del PAT, eludiéndose así sus posibles repercusiones sobre la ordenación del sector.
También destacan en su recurso que no se les conteste nada sobre la alegación que denuncia el negativo impacto ambiental y paisajístico del trazado del principal y enorme vial del sector, que une la N-332 y la CV-905, al atravesar de forma innecesaria – con un ancho de entre 20 y 30 metros – el área de zona verde del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante y el ámbito de conexión del PATIVEL. Un trazado que AHSA considera que rompe en dos el área de zona verde del PORN y que incumple el articulado del PORN, por lo que piden que se recabe un nuevo informe de la Generalitat y que el vial no atraviese ni el área de zona verde ni el ámbito de conexión del PATIVEL para garantizar las funciones de conectividad ecológica de dichos ámbitos.
Tampoco se acepta la propuesta de AHSA de un corredor ecológico que, atravesando el sector, conecte entre sí las lagunas de La Mata y de Torrevieja, aduciendo el Ayuntamiento el efecto barrera de la CV-905, señalado AHSA en su recurso que dicha carretera puede salvarse mediante un paso elevado o subterráneo y denunciando que no se les conteste nada sobre la posibilidad, apuntada en las alegaciones, de que el PAT de la Vega Baja plantee un corredor similar al propuesto. Por último, aunque se acepta parcialmente la alegación de que se conserve todo el arbolado de secano del sector (olivos y algarrobos), los ecologistas piden en su recurso su conservación in situ frente a su arranque, reiterando también su denuncia del escaso rigor del informe de sostenibilidad económica al no contemplar el déficit de financiación del servicio de limpieza y residuos que corresponde al sector, que AHSA cuantifica en 2,5 millones de euros anuales, exigiendo un informe específico del área municipal de Intervención.