Ecologistas advierten del daño de los «rent a car» del aeropuerto de Alicante-Elche en los humedales y piden reubicarlos

Esta actividad que está en el punto de mira del Consistorio, administración que después de dos décadas permitiéndola en suelo no urbanizable, se ha comprometido a poner coto a través de un plan de regularización. Y por ello, el colectivo ecologista ha reclamado al equipo de gobierno de PSOE y Compromís que reubique la actividad en un lugar con menores afecciones ambientales, territoriales y paisajísticas, y que impidan la expansión incontrolada de los negocios. Mientras el gobierno local aprueba el plan, reivindican que se suspenda la concesión de licencias y declaraciones de interés comunitario, pese a que sean de competencia autonómica.

En concreto, quieren que el Ayuntamiento no permita que las empresas permanezcan en suelo no urbanizable protegido ni sobre terrenos de una zona húmeda catalogada y de su cuenca de afección por su negativo impacto ambiental y paisajístico.

También advierten que hay dos negocios que están asentados en un corredor entre el espacio de las dunas de L’Altet y el Clot de Galvany. A ello se suma que, 15 hectáreas de la cuenca de afección de esta zona húmeda están afectadas por este tipo de actividad. Unos terrenos sensibles que según la ley valenciana de espacios naturales hay que adoptar especiales precauciones con el fin de garantizar su conservación.

Ante ello, el colectivo ecologista ha reclamado que el plan especial del Ayuntamiento adopte medidas para evitar la contaminación de las aguas pluviales que finalmente terminan llegando al humedal, en especial en lo relativo a la contaminación por hidrocarburos.

Otra de las soluciones que aporta AHSA pasa por plantear alternativas de pavimentación del suelo, para evitar el asfaltado que han realizado los negocios, lo que a juicio del colectivo impide la infiltración del agua de lluvia al terreno y a los acuíferos subyacentes. Por ello, sugieren que se apueste por pavimentos más blandos o porosos que reduzcan el grado de sellado del territorio afectado por este tipo de instalaciones.

Las 113 hectáreas que ocupan los negocios de vehículos, las dividen en cuatro zonas, según la extensión. La principal y más compacta se sitúa al noroeste del aeropuerto, entre éste, la N-338 y la línea ferroviaria Alicante-Murcia, sobre un total de aproximadamente 55 hectáreas ocupadas.

La segunda área en superficie ocupada se sitúa al norte y noreste del aeropuerto, entre éste, la línea ferroviaria Alicante-Murcia y la N-332, sobre un total de aproximadamente 30 hectáreas ocupadas. La tercera área se sitúa al sur y al este del aeropuerto, sobre una superficie de aproximadamente 18 hectáreas, computando varias parcelas que suman algo más de 4 hectáreas que se sitúan a apenas 170 metros del Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany, algo más al sur del ámbito analizado en los planos del documento de consulta pública previa, junto a la N-332 y a la vía pecuaria de la Vereda de Dolores, parcelas que, según ASHA, deben incorporarse al ámbito del Plan Especial.

Y la cuarta área se sitúa al norte de la línea ferroviaria Alicante-Murcia, en la que se ocupan parcelas sobre una extensión total aproximada de 10 hectáreas.

Lo que también preocupa a los ecologistas es el impacto en el saladar de la segunda pista del aeropuerto -infraestructura que cuando se construya implicará trasladar los negocios que estén asentados en esos terrenos-. La Asociación Amigos de los Humedales del Sur ha planteado que mediante este plan especial se redelimite dicha reserva de modo que no invada terrenos del Saladar y de su cuenca de afección.

Como ya expusieron en las aportaciones que trasladaron en el marco de la consulta pública previa del Plan General Estructura de Elche, quieren que se evite que la reserva de suelo para la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche afecte a terrenos del humedal catalogado del Saladar de Agua Amarga y de su cuenca de afección, terrenos que, a juicio del colectivo, deben formar parte de la infraestructura verde del municipio.

Las alrededor de 55 empresas de alquiler de coches que operan en el aeropuerto han pedido al Ayuntamiento quedarse, a través de la Asociación Empresarial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de Vehículos de Alquiler (Aecoval). La patronal ha defendido la supervivencia de toda aquella actividad siempre que cumpla con los permisos medioambientales con el argumento de que ofrecen un servicio necesario para los turistas que llegan al aeródromo. También se han comprometido a minimizar las molestias a los vecinos de alrededor.