Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur
Puerto y San Gabriel han presentado ocho alegaciones ante el Ayuntamiento de Alicante contra la licencia ambiental, el estudio de impacto y el proyecto de vertido de una instalación de acuicultura para el engorde de seriola promovida por la mercantil ALICANTE AQUACULTURE SL en el muelle 11 del Puerto, solicitando que no se otorgue autorización municipal a la actividad, que la evaluación de impacto ambiental sea desfavorable y que no se apruebe la autorización de vertido.
En primer lugar, ecologistas y vecinos advierten al Ayuntamiento que no puede otorgar
autorización sin la necesaria concesión portuaria, que no les consta que se haya aprobado, así
como sin la resolución favorable de evaluación de impacto ambiental y sin la autorización de
vertido. En segundo lugar, plantean la incompatibilidad de la actividad con la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), que en ningún caso admite instalaciones de producción industrial como la propuesta, diseñada para producir hasta 600 toneladas al año de seriola.
En tercer lugar, al margen de la inadecuación urbanística a la DEUP, piden que se revise la
compatibilidad del uso propuesto con el proyecto de Palacio de Congresos previsto en los
cercanos muelles 9 y 7, al situarse la parcela de 7.272 m2 de la instalación de acuicultura a tan
solo 200 metros de las parcelas que aogerían el Palacio de Congresos y un edificio administrativode la Diputación. Además, consideran que debe tenerse en cuenta que se va a tramitar una modificación tanto del Plan Especial del Puerto como de la DEUP para poder encajar los nuevos usos en los muelles 9 y 7, modificación que podría incluso afectar a la parcela del muelle 11. En cuarto lugar, consideran que no queda garantizada ni la calidad del agua utilizada ni la garantía sanitaria de la producción de seriola, ya que el agua que se va a captar para el engorde de los peces procede de la dársena exterior del Puerto, cuyas aguas el proyecto de vertido caracteriza como “aguas con baja renovación, semiestancadas y contaminadas”, situándose además el punto de captación a 1.800 metros del punto de vertido del obsoleto emisario de la depuradora de Rincón de León, que vierte sin autorización al mar aguas insuficientemente depuradas que contaminan las aguas del espacio marino protegido, LIC y ZEPA, de Tabarca, aguas que se encuentran en contacto con la zona de la bocana de la dársena exterior.
En quinto lugar, denuncian que el vertido diario de 300 m3 a las aguas del Puerto va a afectar
negativamente la calidad de las aguas del espacio marino protegido de Tabarca, al situarse el
punto de vertido a apenas 1.000 metros, acentuándose los problemas de turbidez y eutrofización que ya sufre el sector norte de este espacio marino como consecuencia de los vertidos no autorizados de la depuradora de Rincón de León. También denuncian que el estudio de impacto extrapola a Alicante estudios obtenidos en otros emplazamientos (vertidos de una granja de engorde de lenguado, estudios del puerto de Blanes), que ignora a la playa de San Gabriel cuando debería valorar el impacto del vertido en la calidad de sus aguas, y que, sobre todo, excluye del ámbito de estudio del proyecto el espacio marino de Tabarca, afirmando sin sustento alguno que la instalación no afecta ni directa ni indirectamente a ningún espacio de la Red Natura 2000 cuando es evidente su afección sobre Tabarca. Por ello solicitan que se proceda a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, no simplificada como pretende el promotor del proyecto.
Por último señalan que no se analiza el impacto del transporte de los alevines de seriola desde El Puerto de Santa María (Cádiz) y de la producción de seriola a Japón, a cuyo mercado se destina el 95% de la producción, que no se tienen en cuenta dos edificios del entorno de la parcela incluidos en el catálogo de protecciones de Alicante (a 70 metros las naves de congelados Amaro, ficha C572; a 150 metros el barrio de Heliodoro Madrona, ficha C581) y que debe incorporarse un estudio de integración paisajística que valore el impacto paisajístico sobre un entorno portuario en el que existen inmuebles catalogados y un proyecto para ubicar un Palacio de Congresos.