Amigos de los Humedales y Salvem Fontcalent alegan contra la DIC de una nueva planta de residuos de la construcción y demolición, promovida por Tizor, en Fontcalent

Parcela contigua a la de la DIC de Tizor, en la que también hay proyectada una planta de RCDs (M.A. Pavón)
Parcela contigua a la de la DIC de Tizor, en la que también hay proyectada una planta de RCDs (M.A. Pavón)

Las asociaciones Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y Salvem Fontcalent han presentado nueve alegaciones ante la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que no se otorgue declaración de interés comunitario (DIC) a una nueva planta de residuos de la construcción y demolición (RCDs) que se pretende instalar sobre una parcela de 80.000 m2 en la partida de Fontcalent por su negativo impacto territorial, ambiental y paisajístico tanto sobre dicha partida como sobre el humedal y la microrreserva de flora del Saladar de Fontcalent.

En primer lugar, las entidades alertan de que la parcela de la DIC, promovida por la mercantil Tizor Hormigones y Asfaltos SL, es colindante con otra parcela de 60.000 m2 en la que se tramita desde 2021 otra DIC para otra planta de RCDs, en este caso promovida por la mercantil Reciclados y
Áridos del Sureste, SL, considerando AHSA y Salvem Fontcalent como insostenible e irracional desde el punto de vista territorial que se pretendan construir dos instalaciones similares en el mismo entorno, al pie de la Serra de Fontcalent y a escasos 600 metros de la zona húmeda del Saladar de
Fontcalent. AHSA señala que en 2021 alegaron contra la DIC de la planta de RCDs de Reciclados y Áridos del Sureste, sin que hasta el momento tengan constancia del otorgamiento de dicha DIC.

En segundo lugar, plantean que la partida de Fontcalent no debe acoger más instalaciones molestas e insalubres, que debe detenerse la proliferación de nuevas plantas de residuos en esta castigada partida para revertir la espiral de deterioro de su calidad de vida, ambiental y paisajística, y que debe
primarse el mantenimiento del medio rural, tal y como establece el vigente Plan General de Alicante. Tras mencionar en sus alegaciones la planta de residuos de UTE Alicante, la planta de RCDs de Llegando a la Cima SL que operó sin licencia municipal, la proyectada planta de abonos de Abornasa y la DIC solicitada por Reciclados y Áridos del Sureste para otra planta de RCDs, piden que se realice una valoración acumulativa del impacto territorial de todas las instalaciones existentesy previstas en la partida de Fontcalent.

En tercer lugar, solicitan que se valore el impacto de la nueva planta sobre el acuífero subyacente y la zona húmeda y la microrreserva de flora del Saladar de Fontcalent, así como sobre la conexión territorial y ecológica del Saladar con las sierras Mitjana y de Fontcalent. La parcela afectada se
sitúa sobre la cuenca hidrológica y paisajística del Saladar de Fontcalent, un humedal que cuenta con una ficha (N6) en la sección de patrimonio natural del provisionalmente aprobado Catálogo de Protecciones de Alicante. Los alegantes consideran que el impacto de la nueva planta sobre el
humedal será negativo por posibles fugas de aguas residuales e incluso de lixiviados de los recintos de acumulación de residuos, además de por dificultar la conexión territorial del humedal con las sierras Mitjana y de Fontcalent.

En otras alegaciones denuncian que la parcela forma parte del área de campeo de una especie de ave rapaz catalogada en peligro de extinción que nidifica en la cercana Serra de Fontcalent, el águila perdicera, así como la contaminación atmosférica que puede producir la manipulación al aire libre de tierras y escombros al poder contener materiales pulverulentos, que no se tenga en cuenta la cartografía sobre permeabilidad del suelo y recarga de acuíferos, que no se analicen alternativas de emplazamiento y que se obvie que existen en el entorno numerosas viviendas consolidadas en suelo no urbanizable, las más cercanas a escasos 300 metros junto al camino de Lo Lucas. Por ello plantean alternativas viables de emplazamiento en polígonos industriales cercanos como Pla de la Vallonga o Las Atalayas, situados a una distancia de entre 2.500 y 3.000 metros de los terrenos
afectados por la DIC.

Por último, rechazan las propuestas de la empresa tanto para el plazo de la DIC, el máximo previsto por ley, 30 años, como para su canon, que se pretende reducir en un 50% en base a una supuestamente significativa creación de empleo cuando ni siquiera se cuantifica el empleo creado, reiterando que la DIC debe denegarse.

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