Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y varios vecinos de la ciudad de Alicante han presentado doce alegaciones ante la conselleria de Política Territorial para que no se otorgue declaración de interés comunitario (DIC) a una nueva planta de residuos de la construcción y demolición (RCDs) que se pretende instalar sobre una parcela de 67.000 m2 en la partida de Fontcalent por su negativo impacto territorial, ambiental y paisajístico tanto sobre dicha partida como sobre el humedal y la microrreserva de flora del Saladar de Fontcalent. En primer lugar, ecologistas y vecinos alertan de que la promotora de esta DIC, Reciclados y Áridos del Sureste SL, es la misma empresa que promueve una planta similar a menos de 4.000 metros de distancia, junto al barranco de las Ovejas, tramitándose de forma simultánea por la misma mercantil dos instalaciones similares sobre suelo no urbanizable a escasa distancia una de otra, algo que consideran insostenible e irracional desde el punto de vista territorial.
En segundo lugar, plantean que la partida de Fontcalent no debe acoger más instalaciones molestas e insalubres, que debe detenerse la proliferación de nuevas plantas de residuos en esta castigada partida para revertir la espiral de deterioro de su calidad de vida, ambiental y paisajística, y que debe primarse el mantenimiento del medio rural, tal y como establece el vigente Plan General de Alicante. Tras mencionar en sus alegaciones la planta de residuos de UTE Alicante, la planta de RCDs sin licencia municipal de Llegando a la Cima SL, la proyectada planta de abonos de Abornasa y las instalaciones alegales de una planta de RCDs junto a la parcela afectada por la DIC, piden que se realice una valoración acumulativa del impacto territorial de todas las instalaciones existentes y previstas en la partida de Fontcalent.
En tercer lugar, solicitan que se valore el impacto de la nueva planta sobre el acuífero subyacente y la zona húmeda y la microrreserva de flora del Saladar de Fontcalent, así como sobre la conexión territorial y ecológica del Saladar con las sierras Mitjana y de Fontcalent. La parcela afectada se sitúa sobre la cuenca hidrológica y paisajística del Saladar de Fontcalent, un humedal que cuenta con una ficha (N6) en la sección de patrimonio natural del provisionalmente aprobado Catálogo de Protecciones de Alicante. Los alegantes consideran que el impacto de la nueva planta sobre el humedal será negativo por posibles fugas de aguas residuales y del lavado de camiones e incluso de lixiviados de los recintos de acumulación de residuos, además de por dificultar la conexión territorial del humedal con las sierras Mitjana y de Fontcalent.
En otras alegaciones denuncian la falta de rigor del proyecto, que se ignore que la parcela forma parte del área de campeo de una especie de rapaz catalogada como vulnerable que nidifica en la cercana Serra de Fontcalent, el águila perdicera, que no se considere la contaminación atmosférica que puede producir la manipulación al aire libre de tierras y escombros al poder contener materiales pulverulentos, que no se tenga en cuenta la cartografía sobre permeabilidad del suelo y recarga de acuíferos, que no se analicen alternativas de emplazamiento y que se obvie que existen en el entorno numerosas viviendas consolidadas en suelo no urbanizable, las más cercanas a escasos 300 metros junto al camino de Lo Lucas. Por ello plantean alternativas viables de emplazamiento en polígonos industriales cercanos como Pla de la Vallonga o Las Atalayas, situados a unos 3.000 metros de los terrenos afectados por la DIC.
Por último, señalan que sí existen cultivos en las parcelas del entorno, incluso arbolado de secano en los terrenos de la parcela, denuncian que no se ha incorporado al estudio de integración paisajística el resultado del preceptivo proceso de participación pública, destacan el negativo impacto paisajístico sobre el entorno de dos edificaciones incluidas en el Catálogo de Protecciones de Alicante (Hacienda Navarelo, colindante con la parcela, y Depósito de agua de La Alcoraya, a apenas 200 metros) y rechazan las propuestas de la empresa tanto para el plazo de la DIC, el máximo previsto por ley, 30 años, como para su canon, que se pretende reducir en un 50% en base a una supuestamente significativa creación de empleo cuando ni siquiera se cuantifica el empleo creado, reiterando que la DIC debe denegarse.
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