Más de un centenar de entidades ambientales y sociales representadas por la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa muestran su rechazo por la falta de compromiso de la Comisión Europea ante las evidencias que prueban cómo los resultados de recogida separada y reciclaje de botellas de plástico se inflan de manera ilícita por parte de las marcas y los supermercados en España
En cinco años, la recogida separada de botellas de plástico de bebidas de menos de tres litros deberá triplicar su rendimiento actual en España. Durante los 30 años del contenedor amarillo, las botellas de plástico que se recogen separadamente apenas han llegado a un 36%, según un estudio realizado por Eunomia y encargado por Zero Waste Europe y la Alianza Residuo Cero, mientras que los objetivos comunitarios marcan que en 2029 esa cifra deberá ser del 90%.
Se trata de un objetivo imposible de alcanzar si no se aplican medidas de eficacia y eficiencia probada como los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para la reutilización y reciclaje de botellas, latas y briks. Y es por ello que, en este mes de octubre, la Ley de Residuos, aprobada por una amplia mayoría del Congreso en 2022, obliga al Gobierno a hacer público el resultado de la medición real de ese indicador en 2023. Si se sitúa por debajo del 70%, la ley establece que las marcas de bebida y los supermercados, en un margen de dos años, estarán obligadas a vender aguas, zumos, bebidas refrescantes, energéticas e isotónicas y bebidas alcohólicas con un pequeño depósito económico para incentivar que la ciudadanía devuelva los envases vacíos a la tienda. Dicho sistema deberá alcanzar en el plazo de dos años desde su puesta en funcionamiento una recogida separada en peso como mínimo del 90% respecto del total de estos mismos envases introducidos en el mercado.
El resultado del 36% aportado por Eunomia, la consultora de referencia a nivel comunitario en materia de residuos y que trabaja codo con codo con la Comisión Europea en este tipo de mediciones, entra en conflicto con el ofrecido por los responsables actuales de Ecoembes, que lo situaban en el 71%. Así que, a la espera de la evaluación y declaración del Ministerio para la Transición Ecológica, más de un centenar de colectivos ambientales y sociales, representados por la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA, han elevado el asunto a la Comisión Europea.
“Ante esta situación, el pasado 24 de septiembre remitimos a Bruselas la ampliación de una queja que ya presentamos contra el Reino de España en marzo de 2023 por incumplir el objetivo de reciclaje y reutilización para el año 2020 y que ha derivado en un procedimiento de infracción contra el Gobierno. Sin embargo, la Comisión ha hecho caso omiso a las evidencias e, incomprensiblemente, ha preferido mirar a otra parte”, denuncian este conjunto de entidades. Para los colectivos denunciantes, esta posición de la Comisión es contraria al espíritu de la Directiva sobre los Plásticos de un Solo Uso (SUP), que debe garantizar la protección del medio ambiente frente a la contaminación de plásticos de usar y tirar.
“Frente a una situación de alarma como la denunciada, supone un acto de irresponsabilidad obviar un conjunto de pruebas sólidas que evidencian el incumplimiento de su propia normativa”, añaden. Además, las organizaciones denuncian que la queja presentada ha sido archivada “en un tiempo récord de apenas una semana”, cuando las organizaciones sociales aportaron un fondo documental de más de 700 páginas, incluyendo el informe completo de Eunomia y el encargado por el Ministerio a Tragsatec.
Respecto a la decisión que debe tomar el Ministerio para la Transición Ecológica ahora en octubre, las entidades, “con las pruebas que tenemos sobre la mesa, pedimos que se declare el incumplimiento del objetivo sobre la recogida separada de botellas de bebidas de plástico fijado para 2023, que se dé luz verde a la puesta en marcha del Sistema de Depósito y Retorno y que se haga de forma clara y contundente, sin dejar margen a ninguna interpretación que pueda ralentizar o hacer descarrilar la puesta en marcha de esta práctica. La ciudadanía tiene derecho a devolver latas, botellas y briks a la tienda para que se reutilicen o reciclen en nuevos envases. El medio ambiente tiene derecho a dejar de sufrir tanto la contaminación que provoca el abandono masivo de envases de bebidas en nuestros parques, calles, caminos, montes, playas, ríos, mares y océanos, como las consecuencias de la extracción masiva de recursos naturales para la fabricación de envases de un solo uso”, concluyen.