En los último años se ha registrado en España un elevado incremento del número de embarcaciones de recreo y artefactos de motor, con especial intensidad en las costas mediterráneas, lo que se traduce en un aumento de los impactos derivados de esta actividad que ya sufren los litorales y ecosistemas marinos mediterráneos como el fondeo masivo sobre hábitats marinos protegidos y extremadamente frágiles, la contaminación acústica y química o el oleaje constante. Al mismo tiempo ha crecido la presión sobre las personas que realizan actividades en el litoral de forma más sostenible y vulnerable, como bañistas, buceadores o practicantes de paddle surf.
Ante esta problemática varias entidades ecologistas, Alianza Mar Menor, Ecologistas en Acción, Fundación Juan Tábara, GEN-GOB, GOB Mallorca, GOB Menorca, Mallorca Blue, Pacto por el Mar Menor, Salvemos Calblanque, SOS Costa brava y SOS Mar Menor unieron sus voces hace unos meses para reclamar a la Dirección General de la Costa y el Mar y la Dirección General de la Marina Mercante, ambas administraciones estatales, la primera con competencias en la conservación del litoral y del medio marino y la segunda encargada de la ordenación general de la navegación, una modificación de la legislación consistente en cinco medidas, ampliación de la zona sujeta a la limitación de velocidad, regulación del fondeo en las zonas de baño no balizadas, imponer el uso obligatorio de cartografía marítima de hábitats protegidos para todas las embarcaciones y evitar el fondeo sobre hábitats marinos protegidos, la dotación de recursos y mecanismos de control para reforzar la seguridad de las personas y de los ecosistemas y la exigencia de titulación mínima para el manejo de embarcaciones.
Una problemática que en la costa sudalicantina tiene un punto caliente, según denuncia Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), organización ecologista que también se ha unido a la acción emprendida y ha presentado sendos escritos solicitando también los cambios legislativos propuestos. Según AHSA los tres grandes espacios marinos protegidos por su inclusión en la Red Natura 2000, Cap de l’Horta, Tabarca y Cabo Roig que recientemente han visto aprobadas sus normas de gestión, conviven con una gran flota de embarcaciones recreativas y donde existen cerca de 7.000 amarres en los puertos deportivos que se encuentran a lo largo de la costa sur de la provincia de Alicante entre El Campello y el Pilar de la Horadada. No es casualidad, señala AHSA, que Alicante fuera la tercera provincia en número de matriculaciones de este tipo de embarcaciones el pasado 2024, tras Baleares y Barcelona. Amigos de los Humedales considera la isla de Tabarca como un claro ejemplo de la inacción de las administraciones, donde cada verano se produce el fondeo descontrolado de centenares de embarcaciones sobre las frágiles praderas de fanerógamas de este enclave marino. Un espacio emblemático por la importancia de los ecosistemas que acoge y donde sigue sin instalarse campos de boyas de amarre para mitigar el impacto de las numerosas embarcaciones que fondean en este espacio protegido, pese a que se redactó un primer proyecto en 2002.
AHSA también llama la atención sobre la inseguridad que está provocando la avalancha de embarcaciones recreativas y motos de agua y recuerda que el pasado 2024 la Capitanía Marítima de Alicante y Salvamento Marítimo realizaron una campaña informativa denominada Campaña de Verano de Seguridad en la Náutica de Recreo ante las alarmantes cifras de emergencias atendidas y que llegaron a las 118 embarcaciones de recreo en 2023 en la provincia de Alicante.