La Fiscalía considera ilegales los acuerdos de la Consellería con las compañías eléctricas por electrocución de aves

LA MODIFICACIÓN DE  UNOS POCOS POSTES ELÉCTRICOS PELIGROSOS A CAMBIO DE LA VIDA DE RAPACES PROTEGIDAS

El pasado mes de febrero la Consellería de Transición Ecológica anunciaba que una de las águilas pescadoras del proyecto de introducción en la marjal de Pego había muerto electrocutada en la Albufera. Lo curioso es que en el comunicado se  reconocía que el poste donde murió la pescadora, formaba parte de 90 apoyos, propiedad de Iberdrola,  que habían sido identificados en esa zona del parque natural como susceptibles de provocar electrocuciones a las aves que se posen en ellos. 

En el mismo comunicado el Servicio de Vida Silvestre, anunciaba que ya se había reunido con Iberdrola y que se habían comprometido a la corrección de los mencionados apoyos y que también se haría en la zona norte por la que se estuvo moviendo el ejemplar. ¿Se tienen que electrocutar mas aves en otras zonas del parque para que se modifiquen las torres peligrosas?

Parece que sí y que  la realización de estos tratos con Iberdrola no son excepcionales, recientemente  la Consellería de Transición Ecológica hacía público el informe técnico Tendidos Eléctricos y Aves. En este documento  se recopilaban  las diferentes acciones emprendidas por la Administración autonómica desde fechas tan tempranas como 2009, cuando se realiza el primer estudio del impacto de las electrocuciones de aves a escala de la Comunidad Valenciana.

En él se ofrecen los datos de electrocuciones de aves contabilizadas desde 1995, con 4.568 casos ( mas de 500 de ellos de 2019) de los que el 80% se trataba de rapaces, y cartografía con la localización de los mismos, siendo sierra de Escalona la zona más afectada de nuestra Comunidad, con casi el 20% de todas las muertes registradas en el periodo estudiado. Hay que recordar que la proporción de aves muertas detectadas es muy inferior a la real.

Un aspecto llamativo es el apartado dedicado a acuerdos con empresas eléctricas, dando cuenta de los convenios tanto con REE como con Iberdrola, ésta última  tiene prácticamente el monopolio de la distribución eléctrica en la Comunidad. Con REE se ha acordado  la financiación de  proyectos para la instalación de emisores GPS en águilas perdiceras que «está permitiendo detectar las zonas de riesgo de electrocución y colisión de esta especie en las provincias de Castellón y Valencia». Con Iberdrola se firmó un convenio en 2017, en el que cada año se acuerda con la empresa las zonas donde se corrigen los apoyos peligrosos.

El documento nos detalla como funcionan los acuerdos, cuando se electrocuta un ave catalogada en peligro de extinción o vulnerables, se realizará la corrección en los dos apoyos anteriores y posteriores, siempre que se hayan caracterizado como de peligrosidad alta o muy alta y se localicen en ZEPA o Área Prioritaria, dependiendo de la catalogación del ave y de si porta o no porta emisor establece unas mínimas actuaciones en apoyos de la zona.

Más adelante nos pone ejemplos de lo que cuesta la vida de una perdicera para REE, muerta por colisión en la Vall d’Uixo, supuso la  señalización de 29’9 km. con «salvapájaros». Otra perdicera electrocutada en Onda implicó la corrección por Iberdrola de 86 apoyos. 

Al parecer está bastante generalizado entre varias CCAA, entre ellas la nuestra, la firma de acuerdos con grandes compañías eléctricas que burlan la legislación en la materia. Lo que provoca que la sangría de las poblaciones de aves rapaces continue desde hace años al no aplicarse el Decreto 1432/2008 por el que es obligado, a partir de un año, la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a las prescripciones técnicas vigentes.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado emitió el pasado mes de agosto, un oficio dirigido  a las Comunidades Autónomas,  reclamando la imposición de sanciones por parte de estas administraciones, que intentan ampararse en determinados acuerdos con las compañías eléctricas que no dejan de ser ilegales porque supone no tramitar los expedientes sancionadores a cambio de exigir el cumplimiento de menos obligaciones que las  previstas en la legislación vigente, adecuando sólo una ínfima cantidad de postes. En su oficio la Fiscalía avisa que estos acuerdos vulneran la ley 26/2007 de responsabilidad ambiental, a la vez que califica de excelente el trabajo de los agentes medioambientales y reclama una mayor dotación de medios así como que se den traslado a la Fiscalía todos los casos de electrocución.