Ya han pasado cinco años desde las lluvias torrenciales de septiembre de 2019, que provocaron la rotura del cauce del río Segura y que sus aguas inundaran más de 5.500 hectáreas de la Vega Baja. Desde entonces, en lo que cabe calificar como una irresponsable inacción de las administraciones públicas, prácticamente no se ha realizado ninguna de las principales actuaciones necesarias para la prevención y mitigación de los daños que pueden causar en la comarca futuras DANAs, actuaciones que fueron prometidas tras haber quedado media comarca bajo las aguas durante días.
La configuración de buena parte de la Vega Baja se corresponde con una llanura aluvial en la que convergen las aguas de una extensa cuenca vertiente, intensamente deforestada y erosionada, que cuenta con amplias zonas de elevadas pendientes. La única salida natural al mar de esas aguas es el tramo final del río Segura, un cauce que discurre a mayor altura que los terrenos circundantes. Esa diferencia de cota hace que las aguas desbordadas no puedan volver al cauce y solamente puedan ser evacuadas a través de la red de azarbes de la Huerta Tradicional que desaguan en la desembocadura del Segura. Un medio físico favorable a los episodios de inundación situado en una región, la mediterránea, en la que los factores climáticos provocan recurrentes avenidas torrenciales.
Es especialmente desalentador que después de cinco años, la primera actuación que se somete a información pública para mitigar los daños por futuras inundaciones en la desembocadura del Segura y su entorno, un sector clave en el que actuar, consista en el dragado del cauce viejo de este humedal protegido y en el vertido de lodos contaminados en su frente marítimo. Se trata de un proyecto con una escasa repercusión sobre el objetivo de prevención y mitigación de futuros daños y con un altísimo coste ambiental al conllevar la destrucción de una destacada superficie de un ecosistema palustre catalogado y la dispersión de un peligroso contaminante como el mercurio, además de su vertido en un rico ecosistema marino.
Un proyecto promovido por intereses del Ayuntamiento de Guardamar que nada tienen que ver con la prevención y mitigación de los daños por unas inundaciones que en la DANA de 2019 no afectaron al casco urbano de Guardamar. Mientras tanto, continúan en un cajón actuaciones clave para facilitar la evacuación de las aguas embalsadas en futuras inundaciones, como la permeabilización de la N-332 en el tramo comprendido entre las estribaciones de la sierra del Molar y el cauce nuevo del río Segura, la salida natural de las aguas embalsadas en la llanura aluvial del Bajo Segura, o la creación de una zona de laminación de avenidas junto a la desembocadura, al este de la N-332, creando humedales interconectados con los azarbes y el río, ampliando y renaturalizando el cauce de unos azarbes que en la actualidad se encuentran, todos ellos, cementados en esta crítica zona inundable.
Pero las condiciones climáticas y físicas de la Vega Baja no explican por sí solas la virulencia de las inundaciones: los episodios de avenidas se ven agravados por la gestión del territorio y la intensa modificación de los usos del suelo, tanto por la especulación urbanística, que ha ocupado llanuras de inundación, desembocaduras de barrancos, conos de deyección o suelos agrícolas y forestales, como por la agricultura intensiva con la construcción de invernaderos o viveros, sumándose ahora un nuevo factor, la avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas sobre el suelo no urbanizable. Todo ello desencadena en conjunto un proceso a gran escala de desnaturalización y sellado del suelo, transformándolo en una superficie artificial impermeable que impide la absorción y el drenaje de las aguas y contribuye a un aumento de las escorrentías.
A este desolador panorama debemos añadir la metódica cementación y estrechamiento de los cauces de la red de azarbes de la Huerta Tradicional, actuaciones que se vienen realizando desde hace décadas y que han reducido drásticamente la capacidad de drenaje del territorio, o la ausencia de actuaciones a gran escala de reforestación con especies autóctonas en la cuenca del Segura, actuaciones que aumentarían la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, reduciendo las escorrentías superficiales que acaban llegando a la Vega Baja.
Para hacernos una idea del brutal proceso urbanizador que ha sufrido la comarca en las últimas décadas, se estima en más del 200% el aumento de suelo urbano en el periodo 1990-2018, a costa del retroceso de terrenos agrícolas, forestales y de zonas húmedas, una dinámica que lejos de detenerse continúa con un preocupante repunte de grandes proyectos urbanísticos en la comarca. Como la revitalización del PAI Dolores Golf, un patético zombie urbanístico que el ayuntamiento de esta localidad quiere revivir para transformar 160 hectáreas de Huerta Tradicional en más de 2.500 viviendas y un campo de golf, como el nuevo Plan General de Almoradí, que sigue apostando por construir sobre terrenos inundables de la Huerta Tradicional, o como los sendos proyectos de urbanización aprobados el pasado año 2023 por el Ayuntamiento de Guardamar, que superan las 110 hectáreas de superficie. Buena parte de esas 110 hectáreas afectan a un entorno agroforestal colindante con la zona húmeda catalogada de la Desembocadura y Frente Litoral del Río Segura, un humedal propuesto en la versión inicial del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PATVB) como parte de la infraestructura verde comarcal.
Un plan, el PATVB, que pretendía poner algo de orden en el desmadre urbanístico comarcal y que por ello fue fieramente contestado por los alcaldes de las principales localidades de la Vega Baja, que actuaron como verdaderos arietes de los intereses inmobiliarios especulativos, ofreciendo la coartada perfecta a la Generalitat Valenciana para que, una vez más, quede enterrado cualquier intento de establecer una política territorial medianamente coherente en la comarca.
Lamentablemente en estos cinco años transcurridos también se constata otra inacción, ésta a nivel global, al no establecerse limitaciones efectivas al abuso de los combustibles fósiles, acentuándose las alteraciones climáticas a lo largo del planeta, incluida la región mediterránea, una de las áreas del mundo en las que las temperaturas han aumentado con mayor rapidez, registrando ya las aguas del Mediterráneo una anomalía de dos grados de media respecto a las temperaturas de 1982. Una inacción que, entre otras graves consecuencias, eleva sustancialmente la probabilidad de que se produzcan precipitaciones de gran intensidad que pueden provocar importantes daños.
En resumen, un preocupante escenario en este quinto aniversario de la DANA de 2019, en el que la galopante urbanización del territorio cuenta con el aliento de buena parte de las administraciones públicas, que no solo no se plantean poner coto a unas transformaciones territoriales que suponen agravar aún más los daños para bienes y personas que sufrirá la Vega Baja en futuras avenidas, sino que incluso se ralentizan de forma temeraria la ejecución de las actuaciones comprometidas para prevenir y mitigar esos daños.
Sergio Arroyo Morcillo y Miguel Ángel Pavón García
Tribuna de opinión publicado por el Diario Información el 17/09/2024